Empresarios alertan por la destrucción de empresas y empleo industrial, mientras el informe de Fundar confirma un deterioro sin piso
La crisis de las pequeñas y medianas empresas escaló a un nuevo nivel de gravedad y subió las alarmas en todo el entramado productivo. Empresarios industriales, cámaras sectoriales y analistas coinciden en un diagnóstico: la caída de la actividad, el aumento de costos y el actual esquema económico empujan a las pymes a un escenario crítico. En ese contexto, el reclamo por una ley de emergencia pyme comenzó a ganar fuerza como respuesta a un deterioro que impacta de lleno en el empleo y la estructura productiva.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que la industria nacional atraviesa una contracción profunda y vinculó la situación con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. “La primarización de la economía provocó que el 97% de la pérdida de los empleos registrados sea industrial”, afirmó. El dirigente sostuvo que el sector manufacturero perdió unos 80.000 puestos de trabajo formales y más de 2.000 pymes industriales dejaron de operar en los últimos meses.
Competitividad en baja
El deterioro no se limita a la industria. Según datos aportados por Rosato, desde diciembre de 2023 cerraron más de 34.000 empresas en todo el país, con un fuerte impacto en el segmento pyme. “La Argentina cada vez está en menos condiciones de poder competir. El tipo de cambio se mantiene estable o baja, mientras los costos de producción suben”, señaló. En ese marco, alertó que la estructura productiva local pierde terreno frente a las importaciones y queda fuera de los mercados internacionales.
El reclamo empresario apunta directamente a la necesidad de una intervención estatal. “Necesitamos una ley urgente de emergencia productiva que dé equilibrio a esta crisis industrial”, sostuvo Rosato, quien además planteó la necesidad de reactivar el mercado interno como condición para recuperar empleo y sostener la actividad.
Los datos del Monitor Mensual de Empresas de Fundar refuerzan ese diagnóstico y aportan dimensión al fenómeno. En enero de 2026, la Argentina registró 488.177 empresas activas, tras el cierre de 1.985 unidades productivas en un solo mes. La caída mensual, del 0,4%, marcó el décimo sexto retroceso consecutivo y consolidó una tendencia negativa que no encuentra piso.
Desde la asunción del gobierno actual, el país perdió 24.180 empresas, lo que implica una reducción del 4,7% del total de trabajadores. En la comparación interanual, la baja alcanzó a 13.158 unidades productivas, con 23 meses consecutivos de retroceso. El informe destaca que este proceso ya superó las caídas registradas durante la crisis de 2001 y la pandemia, con la particularidad de que ocurre en los primeros años de gestión, un período que históricamente mostró señales de recuperación.
El impacto se concentra especialmente en las pymes y microempresas, que cuentan con menor capacidad financiera para enfrentar aumentos de costos y caídas prolongadas en la demanda. Este segmento explica la mayor parte de los cierres y refleja la fragilidad del tejido productivo en el contexto actual.
Empleo afectado
La contracción también afecta al empleo. En el último año, el número de trabajadores registrados cayó en más de 290.000 puestos, lo que representa una baja del 3%. La dinámica sectorial muestra un mapa desigual: 14 de los 19 sectores relevantes registraron caídas tanto mensuales como interanuales. Solo algunas actividades vinculadas a servicios y energía lograrán crecer, con el petróleo y la minería como principales excepciones.
Este último punto refuerza una de las principales críticas del sector industrial: el cambio en la matriz productiva hacia actividades primarias y extractivas. Mientras regiones como Neuquén mantienen niveles de actividad gracias a Vaca Muerta, gran parte del país enfrenta una contracción generalizada.
El escenario se vuelve aún más complejo cuando se analizan las expectativas empresariales. La última Encuesta de Expectativas Pyme mostró un giro significativo en las decisiones laborales: casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su plantel en los próximos seis meses. Se trata del nivel más alto de los últimos años y marca un quiebre respecto a períodos recientes, cuando predominaban las intenciones de contratación.
“El cambio en la dinámica del empleo es el dato más relevante”, explicó Guillermo Fraile, responsable del relevamiento. Por primera vez, una proporción significativa de pymes analiza achicar su dotación en un contexto de menor previsibilidad y caída de la actividad.
Datos contrapuestos
La tendencia ya se refleja en los datos actuales: más del 40% de las empresas redujo personal en los últimos meses. Al mismo tiempo, crece la cautela en las decisiones de inversión y contratación, en un escenario marcado por la incertidumbre económica.
A este cuadro se suma una contradicción estructural: más del 70% de las pymes asegura tener dificultades para encontrar personal calificado, lo que expone problemas de productividad y formación en paralelo a la destrucción de empleo.
El clima económico también impacta en las expectativas. La proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país cayó de cerca del 70% a poco más del 30% en un año. En paralelo, aumenta la percepción de un posible agravamiento del escenario.
En este contexto, la presión impositiva aparece como una de las principales preocupaciones del sector. Casi tres de cada cuatro empresarios consideran que una reforma fiscal tendría mayor impacto positivo que una reforma laboral, lo que abre otro frente de debate en la agenda económica.
Con este panorama, el reclamo por una emergencia pyme se consolida como una demanda transversal del sector productivo. Empresarios y cámaras coinciden en que sin medidas urgentes que alivien costos, mejoren la competitividad y reactiven el mercado interno, la tendencia de cierres y despidos podría profundizarse en los próximos meses.
